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La ruta incierta para que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de EEUU

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Independentistas puertorriqueños se manifestaron en contra del referéndum del pasado 11 de junio en Puerto Rico. (EFE)

Los puertorriqueños participaron el pasado domingo 11 de junio en un referéndum sobre el estatus político de Puerto Rico, un ejercicio cargado de polémica pero que, al menos en sus números, dejó indicadores muy claros: la inmensa mayoría de los boricuas que emitieron su voto desea que la isla se convierta en el estado número 51 de la Unión Americana, aunque la cantidad de votantes que acudieron a las urnas fue reducida y no necesariamente representativa de la diversidad de posturas y posibilidades que prevalecen en Puerto Rico.

De acuerdo al periódico El Nuevo Día, el 97% de los votantes en el reciente plebiscito optó por la opción de la estadidad (que Puerto Rico se convierta en un estado), 1.5% a favor de la libre asociación o la independencia y el 1.32% por mantener el estatus actual. Pero solo el 23% de todos los votantes elegibles acudieron a las urnas y los partidos opositores al actual gobierno puertorriqueño llamaron al boicot del referéndum, que no fue legalmente vinculante y no fue autorizado ni validado por el Departamento de Estado ni por el Congreso estadounidenses.

Y si se considera que la participación electoral en  Puerto Rico es por lo general muy alta (del orden del 80%, según The New York Times), los resultados de este referéndum, aunque de importancia, lucen un tanto raquíticos en comparación al objetivo que pretenden impulsar.

Y la oposición también ha criticado que el gobierno de la isla destinara casi 7 millones de dólares a una votación sin aval federal mientras Puerto Rico se debate en una enorme crisis fiscal y sufre enormes carencias en sus servicios públicos básicos.

Con todo, se ha comentado que en una votación son los sufragios emitidos los que cuentan y el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, dijo que tras el plebiscito “comienza la trayectoria para bajar todas las banderas americanas en todas las partes de mundo a e izar, levantar una nueva bandera con 51 estrellas”.

Pero pese a la efusividad de quienes celebraron el resultado del referéndum, y a la certidumbre de que Puerto Rico requiere un cambio de fondo, el camino a convertirse en el estado número 51 luce cuesta arriba y llegar a la cima parece aún muy poco probable, al menos en el contexto político actual.

Una de las razones está implícita en las peculiaridades y resultados del referéndum: fue un ejercicio sin aval federal previo y cuya baja participación, resultado casi unilateral y boicot opositor le restan firmeza como instrumento para la negociación política en Washington.

La otra, más importante incluso, en realidad no tiene que ver directamente con la voluntad de los puertorriqueños si no con los balances de poder político-partidista en Estados Unidos.

Si Puerto Rico fuera admitido hoy como estado, y el modelo de distribución de escaños en el Congreso se mantuviese sin cambio, la isla podría tener tantos miembros en la Cámara de Representantes como Iowa, Utah, Mississippi, Arkansas, Nevada y Kansas (que tienen cuatro) y más que otros 15 estados del país, además de que obtendría dos senadores, los mismos que cualquier otro estado.

Cuatro representantes y dos senadores convertirían a la bancada boricua en una fuerza sustantiva que, sobre todo en el Senado, podría ser de peso en la conducción de los asuntos nacionales. Esa circunstancia, que sería de justicia por el peso demográfico de Puerto Rico, es un cambio para el que el actual sistema político estadounidense (que sufre una aguda crispación) no parece listo o dispuesto y que, en situaciones similares en el pasado, ha estado cargado de resistencias y prejuicios.

Como se relata en The Conversation, en la más reciente ocasión que estados fueron admitidos en la Unión, Alaska y Hawaii a finales de la década de 1950, enormes resistencias políticas retardaron la entrada de Hawaii, que en realidad ha sido el territorio más poblado y desarrollado en ser admitido como estado (pues muchos de los anteriores obtuvieron ese estatus aunque tenían poblaciones mucho más reducidas), obstáculos que tenían que ver con rechazos políticos (tener dos votos más en el Senado a favor de los derechos civiles) y prejuicios raciales, al tener ese archipiélago una población diversa, frenaron por muchos años el proceso de estadidad hawaiiano.

Importantes fuerzas políticas de entonces, sobre todo los llamados ‘demócratas sureños’, se opusieron a la admisión de Hawaii todo lo que pudieron y la condicionaron a la entrada de Alaska a la Unión, un estado con menos habitantes y menor desarrollo que el archipiélago pero con una población mayoritariamente de raza blanca. Al final, cuando comenzó a declinar la fuerza de los ‘demócratas sureños’ ambos territorios se convirtieron en estados en un singular compromiso (y,  con todo, Alaska lo hizo ocho meses antes que Hawaii).

Pero en el caso de Puerto Rico no habría una balanza de esa naturaleza, y en el actual Congreso de mayoría republicana, con un fuerte componente de derecha radical, parece improbable que se acepte la llegada de nuevos legisladores, sobre todo en el Senado, donde la mayoría republicana podría alterarse de súbito con la entrada de dos nuevos senadores.

Y aunque Donald Trump dijo durante la campaña que aprobaría un proceso para que los puertorriqueños decidan sobre el estatus político de la isla, también señaló que ese mecanismo debe ser “de acuerdo a la Constitución y a los protocolos del Congreso”. En ese sentido, el reciente plebiscito, que no tuvo aval del legislativo federal, no caería dentro de ese supuesto. Y hay que añadir, como se ha visto en otros ámbitos, que las promesas de campaña con frecuencia se disuelven en la realidad del gobierno.

El voto de los participantes en el reciente referéndum en Puerto Rico es valioso sin duda, pero el silencio de los muchos que no acudieron a él también lo es. Políticos de uno y otro bando en la isla defienden la relevancia de unos y otros asuntos y aspiraciones, pero en el panorama general no parece que el resultado del referéndum tenga en el corto plazo el impulso suficiente para superar sus contradicciones.

Eso no quiere decir que Puerto Rico no vaya a lograr, en algún momento, convertirse en el estado número 51. Esa sigue siendo una vía posible pero que, al igual que otras soluciones alternativas y posibles (entre ellas la independencia), carece todavía del impulso suficiente dentro y fuera de la isla. La enorme crisis fiscal, cuya solución es para muchos un objetivo más urgente y crítico que el del estatus, es otra pared contra la que se tiene que lidiar. Y, al final, la actual composición del Congreso federal no parece propicia para admitir nuevos legisladores que podrían alterar la balanza política a escala nacional.

Es por ello que el estatus actual, criticado por obsoleto, injusto y contraproducente para el interés general de Puerto Rico y sus habitantes, ha sido y al parecer seguirá por un tiempo siendo el esquema en el laberinto político vigente.

Creditos: Yahoo News

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Fuente: RECOPE

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