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El parlamento venezolano sesiona y desconoce que la Constituyente asuma sus funciones

El parlamento venezolano sesiona y desconoce que la Constituyente asuma sus funciones

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en la embajada española en Caracas el 18 de agosto de 2017 (AFP | Federico Parra)

(AFP) – El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, sesionaba este sábado luego de que la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro asumiera sus competencias, una decisión que el Legislativo desconoce y que provocó fuerte rechazo internacional.

“Esa fraudulenta decisión es nula, esa Constituyente es nula. Van a tener a esta Asamblea Nacional con mayor firmeza impidiendo cualquier violación a la Constitución”, dijo el vicepresidente parlamentario, Freddy Guevara, en rueda de prensa antes de la sesión, que arrancó al mediodía (16H00 GMT).

Según el diputado, el principal objetivo de la Constituyente al asumir las competencias de la Asamblea Nacional (parlamento) es aprobar contratos y obtener financiamientos de otros países, en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, agravada por la caída de los precios del petróleo, fuente de 96% de sus divisas.

“No avalaremos contratos que violen la Constitución”, advirtió Guevara. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno, declaró en “desacato” al Parlamento y anula todas sus decisiones.

El líder opositor, Henrique Capriles, pidió a la Organización de Estados Americanos y “demás instancias internacionales (…) asumir que en Venezuela hay un autogolpe continuado”.

Por su parte, el poderoso constituyente chavista, Diosdado Cabello, negó que se haya disuelto el Parlamento, al anotar que “convoca sesiones donde siempre lo ha hecho”.

El viernes la Asamblea Constituyente, que rige Venezuela con poderes absolutos, acordó por unanimidad asumir las competencias del Parlamento para legislar en materia de seguridad, soberanía, economía, finanzas, bienes del Estado y otros aspectos.

– “El mundo con la Asamblea” –

A la sesión de este sábado acudieron un puñado de representantes del cuerpo diplomático, a invitación de los diputados opositores.

Asistieron representantes de la Unión Europea, Guatemala, Brasil, Japón, Chile, Países Bajos, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Argentina, Francia, España, Reino Unido, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México y Perú.

“El mundo con el pueblo y con la Asamblea (…). Hoy tomaremos varias decisiones importantes, abrir una investigación a todas las personas que están usurpando funciones, e impulsar la presión internacional en apoyo a la democracia”, dijo Guevara.

La decisión de la Constituyente generó un fuerte rechazo internacional. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, la consideró “ilegítima e inconstitucional” y pidió con urgencia una reunión especial del organismo.

El llamado grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú- expresó en una nota su “enérgica condena” a la decisión de la Constituyente de “usurpar las competencias” del Parlamento.

Nueve jefes parlamentarios de esos países calificaron la decisión como una “ruptura de la democracia”. El Mercosur, Estados Unidos, España y Reino Unido también se unieron al rechazo.

“Todos los desmanes que ellos (los opositores) hacen en Venezuela pretenden suplirlos con la histeria internacional de los poderes fácticos mediáticos”, respondió la presidente de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.

– Un “cierre técnico” –

Mientras la Constituyente tomó su polémica decisión, la rebelde exfiscal general, Luisa Ortega, llegó a Bogotá burlando la prohibición de salir del país, acompañada de su esposo, el diputado Germán Ferrer, ambos chavistas disidentes.

El nuevo fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, abrió una investigación contra Ferrer, al que el oficialismo acusa de formar parte de una “red de extorsión”.

La Constituyente, cuya primera decisión al instalarse hace dos semanas fue destituir a Ortega, le retiró al diputado su inmunidad parlamentaria y TSJ, la máxima corte del país, ordenó su captura.

Antes de que se confirmara su llegada a Bogotá, Ortega participó en una cumbre de fiscales en Puebla, México, a través de un audio en el que vinculó a Maduro con el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

La exfiscal se separó de Maduro a finales de marzo luego de calificar de “ruptura del orden constitucional” decisiones con las que el TSJ despojó de competencias al Parlamento. Tras una dura condena internacional, esas decisiones se revirtieron.

El politólogo Luis Salamanca afirmó que “era esperable” que la Constituyente asumiera las competencias del Parlamento, aunque el oficialismo no se atreviera a declarar su “clausura definitiva”.

“Sería un acto dictatorial crudo y duro. Lo que ocurrió es un cierre técnico de la Asamblea. El gobierno ha usurpado la soberanía popular, liquida la democracia”, dijo a la AFP.

Doce países condenan que Constituyente de Venezuela “usurpe” al Parlamento

Doce países condenan que Constituyente de Venezuela usurpe al Parlamento

Lima, 18 ago (EFE).- Doce Gobiernos americanos expresaron hoy en un comunicado conjunto su “enérgica condena” ante la “usurpación” que, consideran, ha hecho la Asamblea Constituyente de Venezuela al asumir las funciones del Parlamento, de mayoría opositora, en medio de la crisis que atraviesa el país.

La docena de países descontentos con la medida son Argentina Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, que se hacen llamar el Grupo de Lima, tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace 10 días en la capital peruana para denunciar una “dictadura” y “quiebre democrático” en Venezuela.

El autodenominado Grupo de Lima consideró en su comunicado que la medida contra el Parlamento venezolano por parte de la Asamblea Constituyente, promovida recientemente por el chavismo, “ratifica la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela”.

En función de la declaración suscrita en Lima el 8 de agosto, los doce países reiteraron su no reconocimiento a la Constituyente, integrada únicamente por oficialistas, y ratificaron su apoyo a la Asamblea Nacional.

Asimismo, reafirmaron su decisión de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, instrumento previsto para restablecer el orden democrático dentro de los países de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además de los países que condenan hoy la decisión tomada por la Constituyente, en la cumbre de cancilleres de Lima realizada hace menos de dos semanas participaron otros cinco países que no están presentes en este último comunicado, que son Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y Uruguay.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decidió arrogarse las funciones y competencias del Parlamento después de que su directiva no acudiera a la reunión a la que había sido convocada con sus pares de la ANC, órgano que los opositores tildan de ilegítimo y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura.

La denunciada “usurpación” del Parlamento venezolano por parte del Grupo de Lima se produce mientras el país vive una severa crisis, agudizada desde el 1 de abril con una ola de manifestaciones que ha dejado más de 120 muertos. EF

El alcalde metropolitano de Caracas cumple 2 años y medio privado de libertad

MARCHA PARA RECHAZAR DETENCIÓN DE ANTONIO LEDEZMA

Caracas, 19 ago (EFE).- El alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, cumple hoy en arresto domiciliario 30 meses privado de libertad, recordaron hoy familiares y aliados políticos del edil capitalino.

“La ilegalidad continúa en nuestro país, arbitrariamente el régimen mantiene secuestrado a nuestro @alcaldeledezma”, se lee en la cuenta de Twitter del partido que lidera, la formación opositora Alianza Bravo Pueblo.

Ledezma fue detenido el 19 de febrero de 2015 por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se enfrenta a una pena de 26 años de prisión por los delitos de conspiración y asociación criminal que se le atribuyen.

Pese a que han pasado 30 meses desde su arresto -denunciado como arbitrario e ilegal por el entorno del alcalde- aún no se ha iniciado ningún juicio contra Ledezma, considerado un preso político por la oposición y muchas organizaciones pro Derechos Humanos.

Ledezma, de 62 años, fue recluido, tras su detención, en el penal militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, y trasladado después de dos meses a su domicilio por motivos de salud.

El Sebin se lo llevó de madrugada de su domicilio en Caracas el pasado 1 de agosto, para devolverle a la cárcel en la que ya había estado encerrado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dijo entonces para justificar su vuelta a las celdas que Ledezma tenía un plan de fuga descubierto por los servicios de inteligencia.

Horas antes de que el servicio secreto se lo llevara de nuevo a Ramo verde, Ledezma había difundido un vídeo grabado desde su vivienda en el que se mostraba en contra de cualquier negociación con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Tres días después, los agentes del Sebin le devolvían sin ningún aviso previo a la familia a su casa, donde permanece ahora.

Según un balance de la ONG venezolana Foro Penal avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA), Ledezma es uno de los 676 presos políticos que hay en Venezuela. EFE

Asamblea constituyente de Venezuela asume las funciones del Parlamento, de mayoría opositora

Asamblea constituyente de Venezuela asume las funciones del Parlamento, de mayoría opositora

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dominada por los aliados del presidente Nicolás Maduro, asumió el viernes las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, después de que su junta directiva no se presentó a supeditarse al cuerpo plenipotenciario. Imagen de archivo de una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela en Caracas, ago 8, 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS (Reuters) – La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, dominada por los aliados del presidente Nicolás Maduro, asumió el viernes las competencias del Parlamento, de mayoría opositora, después de que su junta directiva no se presentó a supeditarse al cuerpo plenipotenciario.

Los miembros de la junta directiva del Congreso habían advertido el jueves de que no acudirían a la sesión por considerar que es “un poder de facto expresión de la naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Nicolás Maduro en el poder”.

La constituyente ha sido criticada fuertemente por varios gobiernos que han pedido a Maduro que dé marcha atrás. Pero el mandatario socialista la ha defendido, argumentando que es la única forma de pacificar el país, inmerso en una crisis política y económica.

“La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de sus poderes (…) decreta asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, el sistema socioeconómico financiero”, se lee en el decreto aprobado por unanimidad.

“Considerando que la junta directiva de la Asamblea Nacional fue convocada (…) y no asistió en franco desconocimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, agregó.

En los últimos días, el resto de poderes públicos -incluido el propio Maduro- desfilaron por la asamblea constituyente para subordinarse a ella. El cuerpo, que funcionará hasta por dos años, reescribirá la carta magna del país.

Si bien la Asamblea Nacional podrá seguir sesionando estará atada de manos, como desde su elección en 2015, después de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que se encuentra en “desacato” tras no haber removido a tres diputados acusados de comprar sus curules.

“HARAKIRI POLÍTICO”

Las primeras críticas a la decisión se hicieron sentir desde la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Disolución fraudulenta de la Asamblea Nacional de Venezuela por la Asamblea Constituyente es profundización del golpe de Estado en Venezuela”, escribió en su cuenta de Twitter el jefe de la OEA, Luis Almagro, quien luego sugirió una nueva reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la organización.

A las reconvención se sumó el Grupo de Lima, de 12 países americanos, que reiteró su desconocimiento de la nueva constituyente de Venezuela y su apoyo al Parlamento.

Mercosur también cuestionó la decisión de la constituyente de asumir las potestades del Parlamento y dijo que no reconoce la medida ni ninguna otra emanada de ese órgano.

“Los países fundadores del Mercosur condenan la decisión de la asamblea constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue elegida democráticamente por la mayoría de los venezolanos y es la única y exclusiva titular del Poder Legislativo de ese país”, dijo el Mercosur, de acuerdo a un comunicado de la cancillería de Brasil.

Estados Unidos también se sumó a la condena. “Esta apropiación de poder está diseñada para suplantar a la Asamblea Nacional democráticamente elegida con un comité autoritario que opera por encima de la ley”, dijo el viernes un comunicado del Departamento de Estado.

A pesar de las críticas, la presidenta de la asamblea constituyente, Delcy Rodríguez, explicó que no se ha disuelto el Parlamento. “Lo que le estamos diciendo es: Señores trabajen, no les vamos a dar vacaciones, tienen que trabajar por el bien del pueblo de Venezuela”, dijo la excanciller.

Desde que asumió a principios del 2016, el único poder en manos de la oposición no ha podido aprobar una sola ley.

“La Asamblea Nacional legítima es la que eligió el pueblo de Venezuela, lo que hace el régimen es harakiri político”, dijo el diputado opositor Juan Guaidó.

Entre abril y julio, miles de venezolanos protestaron contra el Gobierno de Maduro por considerarlo un “dictador” y el gran responsable de la crisis reflejada en una inflación de tres dígitos, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas.

El sucesor político del fallecido Hugo Chávez, por su parte, sostiene que las protestas, en medio de las que fallecieron más de 120 personas, sólo buscan desbancarlo.

Presos muertos en toma de penal venezolano usaron granadas, según el Gobierno

Presos muertos en toma de penal venezolano usaron granadas, según el Gobierno

Caracas, 17 ago (EFE).- Los presos muertos en la toma de este miércoles por parte de las fuerzas de seguridad de un penal del sur de Venezuela, en el que se desató la violencia y fallecieron 37 personas, usaron granadas y armas largas, afirmó hoy el ministro del Interior del país caribeño, Néstor Reverol.

El ministro explicó a través del canal estatal VTV que algunos de los 37 reclusos muertos en el incidente ocurrido el miércoles en el estado Amazonas fallecieron por la onda expansiva y las esquirlas liberadas por la detonación de varias granadas que ellos mismos habrían utilizado.

Además, los privados de libertad emplearon “armas largas” contra los funcionarios de la Policía y la Guardia Nacional (Policía militarizada) “que actuaban para (…) controlar el orden público”.

“Las fuerzas del orden tuvieron que actuar y fueron recibidos con armas largas de fuego y con granadas, más de 20 granadas fueron lanzadas a las fuerzas del orden que trataban de contener la situación violenta”, dijo el titular de Interior, que achacó el caos en la institución a la presencia de solo “3 custodios” para decenas de presos.

La forma en que los reclusos recibieron a los agentes ha sido confirmado, según Reverol, por “las experticias de uso de armas de fuego” por parte de los fallecidos, conocidas como Análisis de Trazas de Disparos (ATD).

“Tenemos más de 16 armas incautadas”, dijo el ministro, que explicó que la “situación irregular” se saldó con 15 agentes heridos, uno de ellos de gravedad al recibir un disparo en la cabeza y que se encuentra en el hospital militar de Caracas bajo pronóstico reservado.

El responsable de Interior contó además que 27 privados de libertad en este centro -que ha sido cerrado y será rehabilitado- han sido trasladados fuera de la región tras los sucesos, mientras que el resto se encuentran en calabozos de las autoridades regionales.

Entre los muertos se encuentra el líder carcelario Roberto Antonio Martínez Orozco, que según la información de que se dispone “tenía sometidos a algunos privados de libertad que querían deponer las armas” y podría haber ajusticiado a algunos de estos presos.

Reverol aseguró asimismo que se está investigando la existencia de “algunas fosas comunes” dentro del retén policial, conocido como Centro de Detención Judicial Preventiva de Amazonas, que estaba, según la fuente, bajo control de la gobernación de Amazonas, en manos de la oposición.

“Estamos solicitando que se aperture una investigación para investigar la inacción de ese gobernador que ha convertido ese retén policial en un caos en manos del pranato (estructura de liderazgo carcelario)”, afirmó en alusión al gobernador Liborio Guarulla, opositor al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. EFE

Familias exigen identificación de 37 muertos en motín en cárcel de Venezuela

Familias exigen identificación de 37 muertos en motín en cárcel de Venezuela

Foto distribuida por la oficina de prensa del estado venezolano del Amazonas de los soldados venezolanos bloqueando el acceso a la cárcel de Puerto Ayacucho el 16 de agosto de 2017 (AMAZONAS GOVERNMENT PRESS OFFICE/AFP | HO)

(AFP) – Un centenar de familiares de presos se concentraron este jueves frente al hospital de Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, para exigir que sean identificados los 37 muertos que dejó un motín en el centro de detención de la ciudad.

“Los cadáveres están apilados en la morgue” del hospital José Gregorio Hernández “y los familiares están esperando que el Ministerio de Interior y Justicia identifiquen a las víctimas y entreguen sus restos”, dijo a la AFP vía telefónica Liborio Guarulla, gobernador del estado de Amazonas, cuya capital es Puerto Ayacucho.

Un motín en calabozos policiales de Amazonas, apartada región selvática fronteriza con Colombia y Brasil, se saldó el miércoles con al menos 37 muertos, informó la Fiscalía -sin precisar si todos son reclusos-, y 14 funcionarios heridos.

Medios de comunicación locales publicaron en la mañana del jueves en redes sociales fotografías de los familiares frente al hospital, aguardando por la lista de víctimas mortales.

Guarulla denunció que ocurrió “una masacre” durante el ingreso de una unidad especial del ministerio de Interior al Centro de Judicial de Amazonas, que -sostiene- albergaba a 103 internos.

El gobernador, opositor al gobierno de Nicolás Maduro, ratificó que 61 presos fueron trasladados a otros penales tras el hecho y que uno aprovechó la confusión para fugarse.

El ministro de Interior, general Néstor Reverol, responsabilizó a Guarulla por la reyerta, pues “es un retén policial que está bajo la custodia y la administración de la gobernación de Amazonas”. Ya las instalaciones fueron tomadas por el gobierno nacional, agregó.

Según las ONG defensoras de los derechos de los reos Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones, los 37 fallecidos son presos.

El motín reflotó la crisis penitenciaria de Venezuela, en medio de frecuentes enfrentamientos entre reclusos por el control de las prisiones y denuncias de violaciones de derechos humanos, así como de muertes por falta de alimentos y medicinas.

VENEZUELA: El Parlamento investigará la masacre de 37 personas en una cárcel

El Parlamento venezolano investigará la masacre de 37 personas en una cárcel

Caracas, 17 ago (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de contundente mayoría opositora, abrirá una investigación sobre la masacre este miércoles de 37 personas en una cárcel del estado Amazonas del sur del país, que ha sido condenada hoy por la oposición.

Según el gobernador del estado, el opositor Liborio Guarulla, la masacre ocurrió al tomar fuerzas especiales militares “por la fuerza” el Centro de Detención Judicial de Amazonas, situado en Puerto Ayacucho, efectivos de las fuerzas de seguridad, y costó la vida al 40 por ciento de los reclusos del penal.

“Hemos designado una Comisión Técnica, que se dedicará a la exclusiva investigación del caso con la prontitud que demanda”, explicó en Twitter el diputado Richard Blanco, presidente de la Comisión Penitenciaria del Parlamento.

Una fuente que conoció de primera mano el incidente y que pidió no ser identificada, indicó a Efe que la violencia en el penal, que es un cárcel del Ministerio de Interior, se desató en el momento en que una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana practicaba una requisa.

“Los familiares pueden formular sus denuncias en la Oficina de Atención al Público,en Comisión Penitenciaria de la Asamblea Nacional (Parlamento)”, afirmó el diputado Blanco, abogó por tratar “con la mayor celeridad” posible “masacres como estas” y afirmó que “la violencia intramuros no debe jamás pasar por debajo de la mesa”.

Según datos ofrecidos anoche por el gobernador Guarulla, 4 personas resultaron heridas en los hechos, mientras que 1 preso se fugó de la cárcel.

La oposición al Gobierno de Nicolás Maduro ha condenado duramente lo ocurrido en el estado Amazonas.

“Todos debemos condenar y exigir justicia y que el mundo sepa de lo ocurrido en Amazonas! 37 asesinados!”, escribió en Twitter el dos veces candidato presidencial de la oposición Henrique Capriles, que mencionaba a una cuenta de la ONU en su mensaje en la red social.

“Ya regresó Maduro de su viaje ‘secreto’ que no fue secreto a Cuba a rendirle cuentas al país de esta nueva masacre en Amazonas?”, dijo después Capriles, en alusión al reciente viaje del presidente de Venezuela a Cuba para rendir homenaje al fallecido presidente Fidel Castro.

Maduro no se ha pronunciado hasta el momento sobre los hechos del centro de detención de Amazonas, mientras el ministro de Interior, Néstor Reverol, responsabilizó a la gobernación de la región, en manos de la oposición, de lo ocurrido en la cárcel, que según el titular de esta cartera dependía de las autoridades regionales. EFE

Allanan casa de exfiscal venezolana tras pedido de arresto contra su esposo

Allanan casa de exfiscal venezolana tras pedido de arresto contra su esposo

Germán Ferrer (c), esposo de la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, el 16 de julio de 2017 en Caracas (AFP/Archivos | Federico PARRA)

(AFP) – Agentes de inteligencia allanaron este miércoles la casa de la exfiscal general Luisa Ortega, luego de que el Ministerio Público pidiera el arresto de su esposo, un diputado disidente del chavismo acusado de extorsión, señaló la exfuncionaria.

“En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este gobierno por luchar contra el totalitarismo”, escribió Ortega en Twitter.

La exfiscal, que no precisó si ella y su marido Germán Ferrer se hallaban en la residencia, en el norte de Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro y al dirigente Diosdado Cabello de pretender acabar con su “lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”.

La Fiscalía pidió el arresto de Ferrer por supuestamente liderar una red que extorsionaba a empresarios petroleros sospechosos de corrupción.

“Debe estar privado de la libertad en custodia en su residencia”, dijo este miércoles el fiscal general, el chavista Tarek William Saab, al anunciar la medida contra el legislador.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno- es el encargado de librar la orden de captura para que Ferrer “esté privado de libertad mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad” como diputado, añadió.

Cuatro motocicletas y siete patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) permanecían en la tarde del miércoles frente al domicilio de Ortega, observó un equipo de la AFP.

– “Nada que ver” con política –

Saab indicó en rueda de prensa que pedirá a la Asamblea Constituyente, que rige el país con poderes absolutos, iniciar un proceso para retirarle el fuero parlamentario a Ferrer.

La exfiscal no es mencionada en la denuncia, pero “es muy difícil que no sepa nada” sobre los cargos que se le imputan a su esposo, afirmó Cabello, constituyente y líder oficialista, quien presentó la querella.

Cabello acudió este miércoles al despacho de Saab para entregar las “pruebas” a nombre del órgano que reescribe la Carta Magna, pero que viene tomando medidas de inmediata aplicación.

En su primera decisión el pasado 5 de agosto, la Constituyente destituyó a Ortega, una chavista que rompió con Maduro a inicios de abril tras denunciar un quiebre del orden constitucional.

La fiscal escaló en los últimos meses sus denuncias contra el gobierno, acusando a Maduro de tener “ambiciones dictatoriales”, y con procesos contra varios funcionarios por presunta corrupción y violación de derechos humanos.

Ferrer, por su parte, se separó del oficialismo y conformó una pequeña bancada en el Parlamento, de mayoría opositora.

Según la denuncia, el diputado y funcionarios de la Fiscalía integraban una red que extorsionaba a empresarios petroleros presuntamente implicados en casos de corrupción.

Les pedían hasta 600.000 dólares para que no fueran procesados, dijo Cabello, quien aseguró que la denuncia “no tiene nada que ver” con la postura política de la exfiscal y su marido.

El dirigente pidió la orden de arresto contra el congresista, así como prohibirle la salida del país y congelar sus cuentas y bienes.

Cabello acusó a Ferrer de haber abierto en abril de 2016, junto con el fiscal Pedro Lupera, una cuenta bancaria por un millón de dólares en Bahamas, producto supuestamente del ilícito.

Saab mostró a la prensa documentos bancarios, según él originales y firmados por el legislador, que demostrarían la titularidad de la cuenta. El fiscal pidió la captura de Lupera, de otro fiscal y una mujer que se presume estaba adscrita al despacho de Ortega.

Constituyente y Ministerio Público venezolano cercan entorno de la exfiscal

 

Caracas, 16 ago (EFE).- La Constituyente instaurada en Venezuela por el oficialismo pidió hoy la detención por supuesta corrupción de varios altos cargos relacionados con la antigua dirección del Ministerio Público, que estaba a cargo de Luisa Ortega y cuyo nuevo titular solicitó inmediatamente órdenes de captura contra ellos.

En una jornada en la que además se puso en marcha la “Comisión de la Verdad”, que investigará la violencia en las protestas, Diosdado Cabello explicó, acompañado de otros miembros de la Constituyente, que se pidió la detención de varios implicados en una “gran red de extorsión” en la Fiscalía, que supuestamente cobraba millones de dólares a personas para evitar ser procesadas por la Justicia.

Según Cabello, parte de esa red sería el diputado disidente del oficialismo Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz, crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro y destituida por la Constituyente.

Junto a Ferrer figuraba en la lista de la supuesta red de extorsión el fiscal Pedro Lupera, encargado hasta hoy de la sección anticorrupción y quien había abierto durante el mandato de Ortega investigaciones a funcionarios del Gobierno por corrupción.

El nuevo fiscal general, Tarek William Saab, nombrado sucesor de Ortega por la Constituyente, pidió enseguida para todos ellos órdenes de captura, que deben ser dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), una instancia acusada de servir al Gobierno y que este martes se puso a disposición de la Asamblea Constituyente.

Saab aseguró estar en posesión de “documentos originales” presentados por Cabello que demostrarían “la apertura de cuentas” en las Bahamas a nombre de los sospechosos que sobrepasarían los 6 millones de dólares.

Según Saab, quien dio un giro a la actitud de denuncia que tenía la Fiscalía bajo el mando de Ortega, algunos extorsionados fueron empresarios “que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco”, donde se encuentra la mayor reserva de crudo de Venezuela.

A través de Lupera, la Fiscalía imputó a directivos de Petropiar -una empresa mixta de la petrolera estatal venezolana PDVSA y la estadounidense Chevron- por ordenar supuestas compras con sobreprecio para esta compañía que opera en la Faja del Orinoco.

Además de corrupción, la Fiscalía de Saab atribuye a Ferrer y sus supuestos cómplices cargos de legitimación de capitales y delitos financieros y económicos.

Sin que el Supremo se haya pronunciado aún sobre las solicitudes de Saab, el servicio de inteligencia allanó la residencia que Ferrer comparte con Luisa Ortega, quien escribió en Twitter que la redada es “parte de la venganza de este Gobierno por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”.

“De esta forma es que el Gobierno de Maduro y Cabello pretende acabar con nuestra lucha por la democracia y la libertad de los venezolanos”, añadió la exfiscal.

En esta misma jornada, la Asamblea Constituyente puso en marcha la “Comisión de la Verdad”, que abrió una investigación sobre la violencia en las manifestaciones a favor y en contra el Gobierno que de abril a agosto de este año han sacudido a Venezuela, de la que el oficialismo responsabiliza a la oposición.

Esta comisión -que tiene el encargo de juzgar los hechos de “violencia política” en el país y que, según Maduro, podría llevar a la cárcel a varios opositores- investigará las solicitudes del presidente del Parlamento, el opositor Julio Borges, a inversores internacionales para que evitaran negociar con Venezuela.

“Decidimos aperturar una investigación sobre las comunicaciones enviadas por el diputado (opositor) Julio Borges que afectan directamente la adquisición de medicamentos, de alimentos, que afectan directamente el desarrollo de Venezuela”, dijo la presidenta de la Constituyente y de la comisión, Delcy Rodríguez.

La comisión pidió también al Consejo Nacional Electoral (CNE) la lista de candidatos inscritos a las elecciones a gobernadores regionales de octubre y prohibirá presentarse a quienes considere implicados “en algún hecho de violencia que haya afectado a la paz y la tranquilidad pública”.

La oposición se inscribió en estos comicios pese a las suspicacias sobre un CNE al que hasta la empresa encargada del recuento recriminó haber cometido fraude en la elección de la Constituyente.

Numerosos opositores no podrán presentarse por estar presos o haber sido inhabilitados, una lista que pasó a engrosar hoy el diputado e inscrito para las elecciones a gobernador en el estado Apure (sureste) Luis Lippa, quien fue suspendido para ejercer cargos públicos por la Contraloría. EFE

Al menos 37 muertos y 14 funcionarios heridos en toma de penal en Venezuela

Al menos 37 muertos y 14 funcionarios heridos en toma de penal en Venezuela

Caracas, 16 ago (EFE).- Al menos 37 personas murieron y 14 funcionarios resultaron heridos durante la toma de una prisión de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, en el sur de Venezuela, informó hoy el Ministerio Público (MP).

“Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios”, adelantó la Fiscalía sin ofrecer más detalles sobre lo ocurrido o quiénes fueron las víctimas del procedimiento.

El gobernador de Amazonas, el opositor Liborio Guarulla, fue el primero en denunciar las muertes, y aseguró que la “masacre” ocurrió por la actuación de una Unidad Especial del Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz que intentó tomar “por la fuerza” el retén.

Una fuente que conoció de primera mano el procedimiento indicó a Efe que lo ocurrido en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (CDJA), que es un calabozo del Ministerio de Interior, detonó en el momento en que una comisión mixta de la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana practicaba una requisa.

El número de decesos registrados en este retén representa el 40 % del total de la población carcelaria que albergaba aproximadamente un centenar de reos, según al misma fuente.

Los calabozos y los centros de prisión preventiva, controlados por autoridades municipales y el Ministerio de Interior mantienen los números más altos de hacinamiento, violencia, armas, y drogas controladas por los propios reclusos, gracias a la corrupción de los funcionarios policiales.

Venezuela, el tercer país con la menor población reclusa de la región, tiene un promedio de 166 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, según datos oficiales.

Sin embargo, el sistema penitenciario ha sido por años uno de los más violentos de América Latina.

El Gobierno chavista ha implementado un plan de pacificación de las cárceles del país que dirigen el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que ha implantado un régimen militarizado en más de la mitad de las cárceles del país, pero que aún no ha logrado desarticular las más violentas.EFE